Mediante una publicación en medios locales el Partido Justicialista pretende atribuir al Intendente Municipal lo que ha ocurrido con el listado de aportantes de Cambiemos durante la última campaña electoral. Sin embargo, aun cuando se desconocen las causas por las que vecinos de nuestra ciudad fueron indebidamente incluidos en dicho listado, lo cierto es que se trata de un asunto provincial en el que el Intendente Municipal no tiene injerencia alguna y respecto del cual, además, dirigentes provinciales de Cambiemos tomaron acciones concretas que difieren completamente de las que adoptaron desde el Frente Para la Victoria algunos años atrás ante denuncias sobre presuntas irregularidades de aportantes.
Sobre el caso, tanto el Presidente de la Nación, la Gobernadora de la provincia de Buenos Aires y referentes de Cambiemos comunicaron sus posiciones, se refirieron al asunto y propiciaron la adopción de medidas como la solicitud de una auditoria interna, la remisión de documentación a la justicia, el pedido de renuncia preventiva de la funcionaria aludida en la denuncia, la asunción del compromiso de bancarización de los aportes para futuras campañas y el impulso del debate hacia una nueva Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.
Por el contrario, nada de ello ocurrió cuando tomaron estado público aquellas denuncias que advertían acerca del financiamiento de la campaña del Frente para la Victoria con fondos provenientes del narcotráfico y la mafia de los medicamentos. En la imagen puede verse uno de los cuatro cheques por $50.000 de la empresa Seacamp, vinculada al tráfico de efedrina, con la firma de Sebastián Forza, asesinado en el triple crimen de General Rodríguez por encargo de narcotraficantes extranjeros. Más aún, en agosto de 2016, la sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento de Héctor Capaccioli, Sebastián Gramajo y Hernán Diez, responsables de la recaudación de la campaña de 2007 de Cristina Fernández (FPV), por “una operatoria común y organizada de lavado de activos de procedencia delictiva”.
Lo mismo sucedió cuando se conoció el caso de la valija de Antonini Wilson y sus 800.000 dólares provenientes de Venezuela destinados a la misma campaña. Todavía esperamos alguna declaración del Partido Justicialista sobre dichos casos, al menos.
En definitiva, la sociedad argentina ha votado a Cambiemos por un cambio de valores en los cuales la transparencia cumple un rol fundamental. Y es por ello que el tema es preocupante y debe ser esclarecido, frente a lo cual nuestros principales dirigentes han decidido implementar acciones concretas que nada tienen que ver con el silencio que mantuvo el Partido Justicialista en relación a las causas que involucraban a sus máximos referentes con el narcotráfico y las mafias.
Sobre el caso, tanto el Presidente de la Nación, la Gobernadora de la provincia de Buenos Aires y referentes de Cambiemos comunicaron sus posiciones, se refirieron al asunto y propiciaron la adopción de medidas como la solicitud de una auditoria interna, la remisión de documentación a la justicia, el pedido de renuncia preventiva de la funcionaria aludida en la denuncia, la asunción del compromiso de bancarización de los aportes para futuras campañas y el impulso del debate hacia una nueva Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.
Por el contrario, nada de ello ocurrió cuando tomaron estado público aquellas denuncias que advertían acerca del financiamiento de la campaña del Frente para la Victoria con fondos provenientes del narcotráfico y la mafia de los medicamentos. En la imagen puede verse uno de los cuatro cheques por $50.000 de la empresa Seacamp, vinculada al tráfico de efedrina, con la firma de Sebastián Forza, asesinado en el triple crimen de General Rodríguez por encargo de narcotraficantes extranjeros. Más aún, en agosto de 2016, la sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento de Héctor Capaccioli, Sebastián Gramajo y Hernán Diez, responsables de la recaudación de la campaña de 2007 de Cristina Fernández (FPV), por “una operatoria común y organizada de lavado de activos de procedencia delictiva”.
Lo mismo sucedió cuando se conoció el caso de la valija de Antonini Wilson y sus 800.000 dólares provenientes de Venezuela destinados a la misma campaña. Todavía esperamos alguna declaración del Partido Justicialista sobre dichos casos, al menos.
En definitiva, la sociedad argentina ha votado a Cambiemos por un cambio de valores en los cuales la transparencia cumple un rol fundamental. Y es por ello que el tema es preocupante y debe ser esclarecido, frente a lo cual nuestros principales dirigentes han decidido implementar acciones concretas que nada tienen que ver con el silencio que mantuvo el Partido Justicialista en relación a las causas que involucraban a sus máximos referentes con el narcotráfico y las mafias.
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