La Cámara Alta que preside Verónica Magario, con el consenso de los
bloques con representación parlamentaria, manifestó su beneplácito por
la labor coordinada de Nación y las Provincias, respecto a las medidas
dispuestas para hacer frente al COVID-19.
Por decreto, la Vicegobernadora estableció que a partir de hoy y hasta
el 31 de marzo del corriente, los agentes y funcionarios del Senado
bonaerense, quedarán dispensados de concurrir a sus lugares de trabajo,
sin que esto perjudique su remuneración habitual
o el goce de licencias concedidas, en los siguientes casos:
1. Quienes hayan cumplido sesenta o más años de edad a la fecha de la presente, o que los cumplan durante su vigencia.
2. Mujeres Embarazadas.
3. Personas con depresión inmunológica de cualquier origen.
4. Personas que padezcan diabetes.
5. Personas con insuficiencia renal.
6. Personas con hipertensión acompañada de patologías cardiológicas.
7. Personas trasplantadas.
8. Personas con patologías oncológicas.
9. Personas con antecedentes de patología respiratoria crónica o cursando infecciones respiratorias.
En tal sentido, quienes opten por la dispensa mencionada, deberán
hacerlo saber a la Dirección de Personal, a quienes se recomienda la
verificación de las circunstancias denunciadas por el personal, pudiendo
requerir constancias y/o evaluaciones que estime
pertinentes para dicho cometido.
Asimismo, la Vicegobernadora decreta la adhesión a la resolución del
Poder Ejecutivo Provincial N° 132/20, que declara el estado de
emergencia sanitaria en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, por
el término de 180 días.
La disposición en cuestión suspende por 15 días contados a partir del
dictado del decreto, la realización de todo evento cultural, artístico,
recreativo, deportivo, social de participación masiva y, en forma
consecuente, las habilitaciones otorgadas por los
organismos provinciales para la realización de eventos de participación
masiva, cualquiera sea su naturaleza.
Y se faculta a las y los ministras/os, secretarias/os, al Secretario
General, a los titulares de los Organismos de la Constitución, el Asesor
General de Gobierno, y a las y los titulares de los organismos
descentralizados de la Administración Pública Provincial,
a establecer modalidades de trabajo domiciliario, flexibilidad de
horarios laborales y, en caso de corresponder, al cierre de las
dependencias del Sector Público Provincial. Asimismo, se podrá disponer
el cierre de museos, centros culturales y demás espacios
artísticos y recreativos de carácter provincial.
El decreto 132 también invita a los poderes legislativo y judicial, y a
los municipios de la Provincia, a adherir a los términos del decreto o
adoptar medidas de idéntico tenor.
Estas disposiciones se efectúan en el marco de la alerta por el avance
de la pandemia de Coronavirus (COVID-19) y el Senado considera
conveniente adoptar medidas pro activas para la adecuada prevención y
cuidado de la salud.
Considerando que su rápida propagación supone un riesgo para la salud
pública y exige una respuesta inmediata para contener y coadyuvar
tomando todas las medidas de prevención, asistencia y rehabilitación en
sus diferentes manifestaciones, el Senado adhiere
al Decreto N° 127/2020 del Poder Ejecutivo provincial.
Asimismo, mediante un proyecto de declaración que lleva las firmas de
los presidentes de bloque del Frente de Todos, Gervasio Bozzano y de
Juntos por el Cambio, Roberto Costa, la Cámara Alta declara su
beneplácito por la labor coordinada de los gobiernos de
La Nación; las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa,
Ciudad de Buenos Aires, Río Negro y de la provincia de Buenos Aires; al
establecer acciones consensuadas para hacer frente a la pandemia del
COVID-19.
Dentro del marco expuesto, el Senado hizo extensivo el beneplácito al
decreto 132 emitido por el gobierno de la Provincia el 12 de marzo del
2020, donde declara la Emergencia Sanitaria en el territorio de la
provincia de Buenos Aires. Entendiendo que la aplicación
efectiva de las recomendaciones y medidas allí expuestas devienen
impostergables para hacer frente a la situación sanitaria actual, ya que
la rápida propagación del COVID-19 supone un riesgo para la salud
pública y exige una rápida respuesta para contener
la enfermedad e interrumpir su propagación y contagio.
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