Es conocida la frase que reza que “un gran poder implica una gran responsabilidad”. Un buen liderazgo demanda del conductor la habilidad para generar condiciones en las que el empleado pueda aportar lo mejor de sí al servicio de la tarea.
En la relación entre el jefe y el subalterno hay una diferencia de fuerzas a favor del primero, quien debe utilizarla con responsabilidad. Si quien coordina maltrata a su dirigido, incurre en abuso de autoridad y lo somete a una situación de indefensión, dado que hay una clara desigualdad en la relación de fuerzas.
El destrato laboral que vienen sufriendo una gran cantidad de empleados municipales, muestra que tanto el intendente Víctor Aiola, así como responsables de distintas áreas, ejercen la autoridad formal que les brinda su cargo para realizar una persecución laboral y política. Esto es impropio de un estado democrático en el que deben garantizarse los derechos las personas, más allá de su filiación partidaria.
Una de las modalidades a las que se ha sometido a diferentes trabajadores que no comulgan con las ideas del intendente, ha sido la de quitarle la posibilidad de tener un espacio físico adecuado para trabajar. Seguidamente les restan tareas hasta transformarlos en trabajadores inactivos, y el trabajo, valga la redundancia, es lo que hace digno a un trabajador. Durante tanto tiempo han estigmatizado al trabajador municipal acusándolo de “ñoqui”, que encontraron la manera de obligarlo a cumplir horario despojándolo de la posibilidad de ser útil, en un proceso denigratorio inadmisible.
Otra forma intimidatoria es la administrativa. Aprovechándose del lugar de preminencia al que han accedido democráticamente, los jefes se transformaron en verdaderos patrones autoritarios que utilizan sus atribuciones jerárquicas para sancionar y disciplinar al diferente. Así, inician sumarios administrativos sin respetar la libertad de expresión de aquellos que, al sentirse hostigados y perseguidos, hacen saber su descontento y lo manifiestan libremente como lo permite la Constitución Nacional.
Otra actitud deberían tener, propia de los buenos líderes: escuchar a todos sus empleados, atender sus reclamos y necesidades; generarles las condiciones para que puedan trabajar en paz, sin abusar de la necesidad que cada persona tiene de llevar el sustento a sus hogares. El Consejo del Partido Justicialista exige que cesen de inmediato las persecuciones y los maltratos a los empleados municipales peronistas, así como a cualquier otro trabajador que se exprese en desacuerdo con las autoridades oficiales.
CONSEJO DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DE CHACABUCO
En la relación entre el jefe y el subalterno hay una diferencia de fuerzas a favor del primero, quien debe utilizarla con responsabilidad. Si quien coordina maltrata a su dirigido, incurre en abuso de autoridad y lo somete a una situación de indefensión, dado que hay una clara desigualdad en la relación de fuerzas.
El destrato laboral que vienen sufriendo una gran cantidad de empleados municipales, muestra que tanto el intendente Víctor Aiola, así como responsables de distintas áreas, ejercen la autoridad formal que les brinda su cargo para realizar una persecución laboral y política. Esto es impropio de un estado democrático en el que deben garantizarse los derechos las personas, más allá de su filiación partidaria.
Una de las modalidades a las que se ha sometido a diferentes trabajadores que no comulgan con las ideas del intendente, ha sido la de quitarle la posibilidad de tener un espacio físico adecuado para trabajar. Seguidamente les restan tareas hasta transformarlos en trabajadores inactivos, y el trabajo, valga la redundancia, es lo que hace digno a un trabajador. Durante tanto tiempo han estigmatizado al trabajador municipal acusándolo de “ñoqui”, que encontraron la manera de obligarlo a cumplir horario despojándolo de la posibilidad de ser útil, en un proceso denigratorio inadmisible.
Otra forma intimidatoria es la administrativa. Aprovechándose del lugar de preminencia al que han accedido democráticamente, los jefes se transformaron en verdaderos patrones autoritarios que utilizan sus atribuciones jerárquicas para sancionar y disciplinar al diferente. Así, inician sumarios administrativos sin respetar la libertad de expresión de aquellos que, al sentirse hostigados y perseguidos, hacen saber su descontento y lo manifiestan libremente como lo permite la Constitución Nacional.
Otra actitud deberían tener, propia de los buenos líderes: escuchar a todos sus empleados, atender sus reclamos y necesidades; generarles las condiciones para que puedan trabajar en paz, sin abusar de la necesidad que cada persona tiene de llevar el sustento a sus hogares. El Consejo del Partido Justicialista exige que cesen de inmediato las persecuciones y los maltratos a los empleados municipales peronistas, así como a cualquier otro trabajador que se exprese en desacuerdo con las autoridades oficiales.
CONSEJO DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DE CHACABUCO
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