El Partido Justicialista de Chacabuco junto al Bloque de Concejales y Consejeros Escolares del PJ-FpV expresan su más enérgico repudio ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; tanto por tomar como medida aplicable a la Ley Nº 24390 conocida como del 2X1, que fuera derogada en el año 2001 por Diputados en la H.C.D.N; como, peor aún, por su aplicabilidad a presos condenados por Crímenes de Lesa Humanidad.
Es necesario recordar que el fallo tiene un carácter sombrío con rasgo anticonstitucional, por valor del Derecho Internacional determinado en el Art. 75 de nuestra Constitución Nacional. El Derecho Internacional del cual Argentina es parte por decisión constitucional (Art.75 C.N.), ha reafirmado el impedimento de conceder amnistía, impunidad, condonar o extinguir la pena a condenados por crímenes contra la humanidad.
El fallo de la Corte carece de toda lógica jurídica. No sólo estamos ante un grosero uso alternativo del derecho en perjuicio de las víctimas, sino ante un nuevo escenario político que se viene gestando con el proyecto político que gobierna a la Argentina desde la llegada de Mauricio Macri al poder.
Son muchos los antecedentes que generaron un nuevo clima político con un claro retroceso en materia de Derechos Humanos, que nos sirven también para entender el marco en el que se establece el pronunciamiento de la Corte.
Fue el Presidente Mauricio Macri quien en plena campaña electoral afirmaba que con él se acabaría “el curro de los derechos humanos”. El más claro expositor del pensamiento ideológico del gobierno de Cambiemos fue el funcionario nacional y militar retirado Gómez Centurión; quien consideró que en la última dictadura militar "no hubo un plan sistemático para hacer desaparecer personas”, relativizando el número de desaparecidos, al advertir que "no es lo mismo ocho mil verdades que 22 mil mentiras", en consonancia con los dichos del también funcionario del PRO, Darío Lopérfido.
Dichos y posturas políticas son blindadas por una agenda mediática que reintroduce la teoría de los dos demonios, sugiriendo que valen lo mismo las voces de víctimas y victimarios.
En ese camino se entiende la decisión del gobierno de cambiar el esquema de feriados que dispuso que fuera movible el del 24 de marzo que conmemora el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. El repudio del pueblo y de distintos Organismos, obligaron la marcha atrás de Macri.
Por su parte, el Ministro de Justicia, Germán Garavano, se reunió el 25 de abril con Cecilia Pando, defensora de los genocidas de la última dictadura y esposa de un militar preso. Además de recibir dos veces en sus oficinas a los abogados de represores nucleados en la Asociación Abogados por la Justicia y la Concordia. Una vez más se evidencia el interés por poner en el mismo lugar a víctimas y represores, encaminando a la Argentina hacia lo que ellos mismos llaman un proceso de “unión y reconciliación”.
Estos hechos, además de ser claros y explícitos, se conjugan con la nueva mayoría automática de la Justicia. Claro que si el pueblo argentino no se hubiese hecho eco del fallo ni lo hubiese convertido en un hecho político, más que judicial, la medida habría pasado alegremente.
Por lo tanto, repudiamos enfáticamente el fallo, pero también la falsedad de esas imposturas políticas que no se sustentan en convicciones ideológicas sino en especulaciones de conveniencia y oportunismo electoral, a sabiendas del descontento social.
MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.
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