El juez Thomas Griesa con sede en Nueva York y que interviene en el conflicto con el 7 por ciento de los holdouts que no respondieron a los procesos de reestructuración de la deuda llevados a cabo en el 2005 y 2010, espera la derogación de las leyes argentinas, la Ley de Cerrojo y la Ley de Pago Soberano de Reestructuración de Deuda, a fin de vehiculizar el pago acordado por el gobierno de Macri por 4653 millones de dólares más costas legales y, a la vez, levantar las medidas cautelares que bloquean acreditar los pagos al 93 por ciento de bonistas que constituyen la mayoría restante.
La concesión de pago, que dista de una negociación en cuanto que responde a los fines especulativos de los bonistas, no reconoce la soberanía del Estado argentino al priorizar las exigencias de los fondos buitres como al establecer el pago a través de la colocación de títulos públicos en el extranjero sujetos a las legislaciones de Nueva York y Londres. Esta postura contradice los ejes vertebrales de los nueve principios que 136 países de Naciones Unidas firmaron para llevar adelante procesos de reestructuración de deuda, que sostienen que si una renegociación de deuda es aprobada por “una mayoría cualificada”, esta debe ser acatada por el resto de los tenedores de títulos, y que los Estados tienen “la obligación de abstenerse de discriminar arbitrariamente a los acreedores” por lo que deberán incluir “cláusulas de acción colectiva” que destaquen la preeminencia de las mayorías “en sus emisiones de deuda”. Por lo tanto, esta deuda se fundamenta desde el no respeto por las negociaciones llevadas a cabo con las mayoría de los bonistas sino con la especulación de algunos acreedores que encontraron tanto en Griesa como en el nuevo gobierno sus interlocutores.
El Ministro de Hacienda y Finanzas de la Nación, Alfonso Praty Gay, defendió el acuerdo pero desconoce la lucha financiera que venía llevando el gobierno anterior a fin de que esta minoría de bonistas se acaten a las negociaciones ya cerradas, donde la quita y los intereses eran menores. Sin embargo, es difícil pretender que el funcionario privilegie una mirada social frente a la lógica del mercado, puesto que la justicia investiga su vínculo como apoderado con capitales de la familia de Amalita Lacroze de Fortabat. Asimismo, el gobierno se ha nutrido de especialistas económicos que deambulan por los medios defendiendo las posturas neoliberales pero que representan el achicamiento del Estado, la devaluación y la transferencia de recursos a los sectores más favorecidos de la sociedad. El discurso de Macri en la inauguración del 134° periodo de sesiones ordinarias dejó en claro su posicionamiento frente al rol del Estado al cuestionar el crecimiento de la recaudación comparándola con la década del ´90.
El endeudamiento a ciegas con los países más poderosos, sin cuestionar las normas ni a la justicia de la que se hace dueña, deja a los argentinos de rodillas frente a relaciones de dependencia que organismos de crédito internacional como el FMI ha cobrado con el hambre de nuestro pueblo y sin importar las consecuencias. Es el Estado entonces quien debe velar por los intereses argentinos, defendiendo la soberanía, sin embargo se observa un respeto fiel por la ley del capital más salvaje, aquel que no mira para los costados.
Dr. Rubén Darío Golía.
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