miércoles, 30 de enero de 2019

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El 2019 empezó mostrando la peor cara de la descomposición del régimen social para las mujeres y niñas de este país: en promedio, asesinaron a una mujer cada 28 horas y hubo tres denuncias de violaciones grupales a niñas que no superaban los 15 años. En Jujuy, el poder político y el clero se unieron una vez más contra los derechos de una menor de 12 años embarazada producto de una violación que requirió lo que le corresponde por ley desde 1921: el acceso a un aborto no punible. En cambio, manipularon a la familia y dilataron los tiempos para forzar una cesárea que terminó de la peor manera: la bebé murió a los dos días.
Esta ola de violencia que mujeres y niñas enfrentamos solo se explica a partir de la responsabilidad política de un Estado que con sus acciones convalida estos ataques. En todos los casos de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas, había denuncias previas, perimetrales que nunca se cumplían y botones anti-pánico que no funcionaron o funcionaron mal. En el caso del femicidio de Agustina Imvinkelreid, el responsable fue un hombre “defensor de las dos vidas”, denunciado por su ex mujer por violencia de género y por sus vecinos como un acosador de las jóvenes del lugar. Angelina Cáceres de 13 años, estuvo desaparecida 34 días en Resistencia, Chaco; cuando su padre y su hermana fueron a hacer la denuncia el mismo día de su desaparición, en la comisaría le dijeron que “seguro se fue con un noviecito”, y tardaron más de 10 días en activar la búsqueda. Son solo dos ejemplos que muestran que la violencia “machista” tiene un origen social y que cumple una funcionalidad política: el disciplinamiento de toda la población mediante el sometimiento de mujeres y niñas.

Las respuestas del movimiento de mujeres y la diversidad no se hicieron esperar. Importantes concentraciones de mujeres en Jujuy y en todo el país, salieron a repudiar esta brutalidad, sumando también en las denuncias la cifra casi diaria de los femicidios. En preparación hacia un 8 de marzo que promete ser nuevamente histórico, para este 1° de febrero se convocó a una movilización que irá a Plaza de Mayo a denunciar todas estas violencias.

Uno de nuestros desafíos es unir nuestros reclamos con los del conjunto de la clase obrera, donde también cada vez más sectores salen a luchar. Los responsables son los mismos: el oficialismo, la oposición y las patronales, en alianza con todos los sectores reaccionarios y conservadores que buscan defender sus privilegios en el medio de una crisis económica y social de enorme magnitud, como las iglesias católica y evangélica. Todos ellos (y ellas) buscan descargar sobre nuestras espaldas los costos económicos y sociales de esa crisis y será en las calles, organizadas de manera independiente, como los enfrentaremos.

VIERNES 1/02 - 19hs - Plaza San Martín.

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