La Legislatura bonaerense sancionó en julio del 2015 la ley de “boleto estudiantil gratuito” que creó un régimen gratuito para los usuarios del sistema de transporte provincial de colectivo, o fluvial en los servicios urbanos, suburbanos e interurbanos, destinado a alumnos de todos los niveles -primario, secundario, terciario y universitario- pertenecientes a instituciones educativas de gestión estatal y privada, y que tengan asiento en la provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, pese a lo estipulado por la ley, el boleto estudiantil bonaerense excluye a estudiantes de instituciones terciarias y universitarias, con la mera excepción de los estudiantescde la Universidad Nacional de La Plata.
El boleto estudiantil constituye un reclamo histórico en nuestro país. “La noche de los lápices” representa el secuestro, la tortura y los asesinatos cometidos durante la última dictadura cívico-militar el 16 de septiembre de 1976 como respuesta represiva al reclamo llevado a cabo por alumnos secundarios -muchos de ellos pertenecientes a la Unión de Estudiantes Secundarios-. Tras 41 años la aplicación del boleto estudiantil sigue siendo una deuda pendiente que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, no ha concretado totalmente aún.
Subsidiar el boleto estudiantil significa que el Estado realice transferencias de modo indirecto a los salarios de los trabajadores, en este caso dirigidas específicamente a la educación de los sectores más desfavorecidos que son los que deben apelar al transporte público de modo obligatorio.
Por lo tanto no son gastos que el Estado debería ahorrar para no generar desequilibrios fiscales, sino que son una herramienta de gestión que democratiza el derecho a la educación, pero que también incentiva el consumo y como consecuencia la producción, expandiendo así los recursos que el Estado pueda disponer a futuro.
De modo que muchas las interpretaciones peyorativas que contienen los subsidios, como “políticas populistas”, están asociadas en realidad a intereses contrapuestos a la distribución del ingreso en pos del bienestar general. Tal como expresó la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, “estamos en el momento en que vamos a tener que hacer un análisis público, un debate, un diálogo público nacional”, haciendo referencia al cambio en el proyecto de país.
La ley de boleto estudiantil fue impulsada con la pretensión de profundizar el derecho a la educación, puesto que otorgar derechos implica no sólo enunciarlos desde el plexo normativo, sino también promover el acceso a la ciudadanía, puesto que de lo contrario constituye un mero acto de liberalismo.
En tal sentido, es necesario garantizar que el alumno pueda ir a la escuela para profundizar el acceso a la educación, y el servicio de transporte constituye una de las condiciones que la posibilitarían. Por lo tanto, los lápices siguen escribiendo, y están movilizando a un amplio sector de la ciudadanía para poner límites a la profundización de las políticas neoliberales.
Sin embargo, pese a lo estipulado por la ley, el boleto estudiantil bonaerense excluye a estudiantes de instituciones terciarias y universitarias, con la mera excepción de los estudiantescde la Universidad Nacional de La Plata.
El boleto estudiantil constituye un reclamo histórico en nuestro país. “La noche de los lápices” representa el secuestro, la tortura y los asesinatos cometidos durante la última dictadura cívico-militar el 16 de septiembre de 1976 como respuesta represiva al reclamo llevado a cabo por alumnos secundarios -muchos de ellos pertenecientes a la Unión de Estudiantes Secundarios-. Tras 41 años la aplicación del boleto estudiantil sigue siendo una deuda pendiente que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, no ha concretado totalmente aún.
Subsidiar el boleto estudiantil significa que el Estado realice transferencias de modo indirecto a los salarios de los trabajadores, en este caso dirigidas específicamente a la educación de los sectores más desfavorecidos que son los que deben apelar al transporte público de modo obligatorio.
Por lo tanto no son gastos que el Estado debería ahorrar para no generar desequilibrios fiscales, sino que son una herramienta de gestión que democratiza el derecho a la educación, pero que también incentiva el consumo y como consecuencia la producción, expandiendo así los recursos que el Estado pueda disponer a futuro.
De modo que muchas las interpretaciones peyorativas que contienen los subsidios, como “políticas populistas”, están asociadas en realidad a intereses contrapuestos a la distribución del ingreso en pos del bienestar general. Tal como expresó la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, “estamos en el momento en que vamos a tener que hacer un análisis público, un debate, un diálogo público nacional”, haciendo referencia al cambio en el proyecto de país.
La ley de boleto estudiantil fue impulsada con la pretensión de profundizar el derecho a la educación, puesto que otorgar derechos implica no sólo enunciarlos desde el plexo normativo, sino también promover el acceso a la ciudadanía, puesto que de lo contrario constituye un mero acto de liberalismo.
En tal sentido, es necesario garantizar que el alumno pueda ir a la escuela para profundizar el acceso a la educación, y el servicio de transporte constituye una de las condiciones que la posibilitarían. Por lo tanto, los lápices siguen escribiendo, y están movilizando a un amplio sector de la ciudadanía para poner límites a la profundización de las políticas neoliberales.
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